Para que la Dirección General de Prisiones pueda funcionar separada de las labores de la Procuraduría General de la República (PGR), como lo propuso el pasado viernes el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, se hace necesaria una reforma a la Constitución de la República.
Así lo explicó a Diario Libre el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien aclaró que esta sugerencia no es nueva, y que ha sido debatida desde que existía el Comisionado para la Reforma de la Justicia, y dice que ha habido múltiples propuestas de transferir la Dirección de Prisiones a un “Ministerio de Justicia”.
“Es desde la Constitución que se le da al Ministerio Público la administración de los recintos penitenciarios y eso viene de la reforma constitucional del 2010. Habría que, cuando se dé el paso, ya finalmente, crear un Ministerio de Justicia que se encargue de todo eso, y a la Procuraduría General de la República (Ministerio Público), que se encargue de su función natural que es la de perseguir, instrumentar expedientes y presentar acusaciones”, enfatizó Castaños.
De acuerdo con las explicaciones del jurista, la Procuraduría General de la República funge también como un ministerio de justicia, y de ahí la necesidad de que separe de todo lo que tiene que ver con los recintos penitenciarios, emisión de certificaciones, entre otros asuntos, para que se concentre “en lo que tiene que ver con la persecución, investigación y presentación de la acusación ante el sistema de justicia”.
Entiende que estos temas deben ser puestos sobre la mesa para que se vayan corrigiendo “esas distorsiones que, en principio, tuvieron una razón de ser pero ya no”.
También se mostró de acuerdo con los cambios planteados para el Consejo de la Defensoría Pública para que, en lo adelante, el presidente del Consejo sea el director general de la Defensa Pública y no el presidente de la Suprema.
Durante el Día del Poder Judicial el magistrado Luis Henry Molina sugirió: “Ha llegado la hora de preguntarnos si la Defensa Pública, por su vocación y sustento orgánico, debería operar como un instituto, cuyo consejo no sea integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O si la Dirección General de Prisiones que, por su naturaleza, no está ligada a la función del ente persecutor, debería operar administrativamente de manera separada de la Procuraduría General de la República”.
Esto generó el apoyo de diferentes actores, entre ellos el de Rodolfo Valentín, director general de la Defensa Pública. El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también valoró como positivo ese discurso.
Diario Libre trató de conseguir la opinión de Roberto Hernández Basilio y Patricia Lagombra sobre este tema, que son los titulares de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Desde la dependencia respondieron que la semana próxima emitirán un comunicado para fijar posición respecto de la propuesta del magistrado Luis Henry Molina.
