El proyecto de “Ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres” evitaría la deportación de ilegales y de sus familiares en caso de ser víctimas de ese tipo de práctica.
La pieza, sometida por el Poder Ejecutivo, permitiría que las mujeres víctimas de la violencia, sin importar su estatus migratorio, gocen de las garantías procesales, como son protección y asistencia integral.
El artículo 77 establece que las mujeres que enfrentan actos de violencias, disfrutarán de las garantías procesales, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
También, se le garantizaría el acceso a la justicia, incluyendo patrocinio gratuito y especializado en el territorio dominicano.
La iniciativa consigna en el artículo 4, sobre los titulares de derechos y en el acápite 8, del párrafo II del artículo 7, sobre igualdad y no discriminación, que, sin importar el estatus, las mujeres víctimas de violencia deberán recibir atención.
El senador Dionis Sánchez advirtió que la pieza lesionaría la soberanía y que debería ser retirada por el Poder Ejecutivo o que sea modificada por el Congreso. Atribuyó el supuesto yerro a la improvisación del Gobierno y dijo que las iniciativas procedentes del Poder Ejecutivo, están “muy mal elaboradas” y suelen “chocar” con la Constitución.
Se refirió a las inmigrantes ilegales haitianas y dijo que cree que las autoridades están sucumbiendo a presiones internacionales.
Diario Libre hizo esfuerzos por obtener las reacciones del gobierno, a través del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición.