Cuatro de los 25 imputados en la Operación Discovery 2.0 estarían dispuestos a colaborar con el Ministerio Público en la investigación sobre estafa y extorsión, desde la República Dominicana, a cientos de personas en Estados Unidos.
Estas intenciones se dieron durante la audiencia de medidas de coerción, a cambio de que no los manden a la cárcel, informó la fiscal Sourelly Jáquez.
Durante la vista, el órgano acusador solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva contra 17 del total de imputados. Contra los demás siete pide impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Decisión
Será el próximo viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, que el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, José Rafael de Asís Burgos, emita su decisión sobre lo planteado por el Ministerio Público.
La fiscal Sourelly Jáquez indicó que otros imputados están en la disposición de colaborar, debido a la gran cantidad de elementos probatorios que tienen contra ellos.
Dijo en audiencia fueron presentadas pruebas contundentes que demuestran los vínculos de cada imputado en la organización.
«Contamos con cientos de llamadas donde se puede escuchar a los imputados, haciéndose pasar por parientes, para estafar a las personas envejecientes», declaró Jácquez.
Los acusados
La solicitud de medida de coerción incluye a Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
También, a Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Juana Yadirys Ventura y Miguel Ángel Vásquez.
El grupo es acusado de formar parte de una organización criminal que, apoyada en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
Según la acusación, los procesados realizaban las extorsiones desde centros de llamadas (call centers) ubicados en Santiago y otros puntos del país.
Los imputados enfrentan diversos cargos por delitos como asociación de malhechores, usurpación de identidad, estafa y lavado de activos.
