El nuevo contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) mantiene las exenciones fiscales establecidas durante el acuerdo original de concesión de los aeropuertos estatales de 1999 y encarecerá el precio de los pasajes hacia y desde la República Dominicana.
Solo en tasas aeroportuarias, la concesión que se plantea renovar por treinta años adicionales ha reportado ingresos a la empresa por encima de los US$670 millones en 10 años de los 23 que lleva de vigencia.
Además del compromiso de inversión de US$830 millones en infraestructura y de un adelanto por US$775 millones, la renovación del acuerdo enviada al Congreso prevé que la concesionaria pague al Estado un porcentaje, a partir del año 2030, de los ingresos brutos excedentes por las tarifas aeroportuarias y comerciales.
Dicho «ingreso compartido», como se identifica en el contrato revisado, iniciaría en 2030 y, hasta 2034, equivaldría a un 10 %, pagadero siempre y cuando «dichos ingresos brutos hayan superado las proyecciones de tráfico estimadas». Bastaría inflar el tráfico estimado, como hizo Aerodom cuando ganaron la licitación original, para disminuir o eliminar el «ingreso compartido».
«El monto excedente sobre el cual se va a calcular el diez por ciento (10 %) pagadero al Estado dominicano lo constituyen los montos de ingresos brutos reales percibidos que excedan el ciento diez por ciento (110 %) de los ingresos brutos estimados», dice el acuerdo que espera la ratificación congresional.
Dicho porcentaje sube a un 20 % a partir del 2035 y hasta la conclusión de la concesión, fijada para el año 2060, marcando así una prórroga de 30 años que, a decir del abogado Luis Miguel Pereyra, es demasiado tiempo y debió implicar una nueva licitación.
Aumentan las tasas
Sobre las tasas que cobrará el Estado, el acuerdo las identifica como «Aeroportuaria Gubernamental», percibidas por los operadores aeroportuarios y entregadas al Departamento Aeroportuario por disposición del Decreto 172-01 del 31 de enero de 2001 y sus modificaciones.
Pero a Aerodom se le dejan los ingresos, con montos aumentados, por las tasas aeroportuarias especializadas.
«La concesionaria recibirá de pleno derecho los ingresos que se deriven de la fijación, aplicación y cobro de las siguientes Tasas Aeroportuarias Especializadas establecidas mediante el Decreto núm. 172-01, de fecha 31 de enero de 2001.
Detalla una tasa de US$18.42 por cada pasajero de entrada o de salida en vuelos internacionales regulares y chárteres, que incluyen los derechos por servicio de seguridad auxiliar y los derechos por inversiones en equipos y sistemas de seguridad aeroportuaria.
Con el contrato vigente, Aerodom recibe un total de US$15.30 por concepto de las tasas o tarifas aeroportuarias, más otros US$5.0 dólares por concepto de infraestructura del aeropuerto de Samaná.
También tendrá los derechos sobre servicio de manejo de equipaje, a razón de US$3.11 por pasajero de entrada o de salida en vuelos internacionales regulares o chárteres. Seguirá recibiendo las tasas por libra transportada, fijadas en US$0.02 por libra de exportación y de US$0.06 por libra de importación, así como las tasas especializadas por pasajero, que abarca el cargo por infraestructura aeroportuaria y por manejo de equipaje.
Además del aumento, se establece un reajuste, a partir de noviembre de 2024, de las referidas tasas, basado en el índice de precio al consumidor, más un 2.7 % como proporción de la inflación del año 2022. Esas tasas son cobradas por las líneas aéreas, que las incluyen en los boletos, y pagadas luego a Aerodom. El aumento se reflejará en todos los viajes por avión desde y hacia la República Dominicana por lo que el país perderá competitividad en el Caribe.
Como en el contrato original, se establece que las tasas solo pueden ser modificadas por acuerdo de las partes y solo con causa justificada, como lo sería la pérdida de equilibro económico. Esto significa que la rentabilidad del negocio de Aerodom está garantizado por el Estado de antemano.
Cálculo sobre los ingresos por tasas
Los aeropuertos concesionados hasta el 2060 son: el José Francisco Peña Gómez (AILA); Joaquín Balaguer (AIEI), conocido como de El Higüero; Gregorio Luperón (AIGL), en Puerto Plata; Juan Bosch (AISA), en El Catey, provincia de Samaná; Arroyo Barril, en Arroyo Barril, en Samaná, y el María Montez (AIMM), en Barahona.
Estas terminales, con excepción del Arroyo Barril, que no tiene data disponible, han manejado a lo largo de la concesión (desde el 2000), un total de 49,805,621 pasajeros de entrada y 50,836,516 de salida, según los datos que compila el Banco Central.
100.6 Millones de pasajeros han entrado y/o salido del país por los aeropuertos concesionados a la empresa Aerodom durante la vigencia del contrato.
La sumatoria de ambas cantidades sube a 100,642,137 pasajeros que, calculados en los 15.30 dólares de tasas, suponen ingresos superiores a los US$1,539.8 millones. Sin embargo, dadas las modificaciones que se dieron en los primeros años de vigencia del contrato sobre las tasas entre Aerodom y el Estado, Diario Libre considera más acertado el cálculo de solo los últimos 10 años.
Desde el 2013 hasta el 2022, Aerodom ha gestionado la entrada y salida de 44,026,066 pasajeros que, multiplicados por los US$15.30 en las tasas, equivale a ingresos por US$673,6 millones. Otros ingresos adicionales por áreas comerciales, parqueos, combustibles y cargos a las aerolíneas por uso de las facilidades engrosan las cuentas hasta una cifra desconocida públicamente.
Exenciones
Como en el contrato original, el nuevo acuerdo otorga exención para las «inversiones realizadas por personas físicas o jurídicas en la Concesionaria, a título de accionistas, bonistas, prestamistas, incluyendo, instituciones bancarias aprobadas por la Junta Monetaria, en lo que se refiere a la percepción de intereses, dividendos o importación de estos capitales o su exportación y la de sus intereses y/o dividendos».
También libera a la Concesionaria de «la aplicación de las retenciones de impuestos sobre la renta en ninguna de sus modalidades, al momento de realizar pagos por dividendos y/o intereses, comisiones financieras u honorarios a asesores, técnicos y financieros relacionados con los nuevos financiamientos otorgados a favor de la Concesionaria o con la terminación de los financiamientos existentes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato». Los aeropuertos privados no gozan de esos privilegios.
Aerodom también estará exenta del pago de impuestos de importación y del ITBIS a sus importaciones. «Es convenido entre las partes que los pagos realizados por concepto de intereses relacionados con los financiamientos actuales, futuros o cualquier refinanciamiento de la deuda actual serán totalmente aceptados por la Concedente (sus ministerios, direcciones u organismos similares) como una deducción admitida a fines del ISR a cargo de la Concesionaria».
La exención en equipos y materiales de construcción incluye a los contratistas y subcontratistas de la concesionaria que, gozarán además de un régimen de admisión temporal de cuatro años, durante el cual podrán importar al país cualquier equipo o maquinaria sin el pago de ningún tipo de impuesto.
Inversión programada
Entre las obras nuevas se prevé una torre de control en el AILA, con una inversión máxima de cuatro millones de dólares. En dicho aeropuerto también se deberá construir una nueva terminal de pasajeros con capacidad para cuatro millones de pasajeros anuales y con inversión mínima proyectada de US$250 millones. Esos trabajos deben iniciar en junio de 2025 y finalizar en el 2028. Para el área existente, se prevé invertir US$16 millones en remodelación.
El contrato contempla, además, una nueva torre de control en el Gregorio Luperón, con una inversión máxima de US$2.0 millones.
Que digan cuánto han invertido
El jurista Luis Miguel Pereyra, abogado del paralizado proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), cuestionó la renovación adelantada (para él, extensión) de la concesión que terminaba en siete años y no contemplada en el contrato. En un programa radial, el conocido abogado reflexionó sobre el negocio detrás de los aeropuertos. Recordó que en el contrato original se contempla una serie de tasas que «generan muchísimos ingresos, por lo que me hubiese gustado que se dijera cuánto han generado los aeropuertos concesionados en los años ya pasados». Sus clientes del AIB son los beneficiarios originales del contrato de concesión y que vendieron con 23 años de vigencia. «Que digan cuánto han invertido en el AILA, en remodelarlo y remozarlo», dice el abogado luego de admitir que todavía desconoce los términos del acuerdo actual.
