En el 2016 el Consejo del Poder Judicial ordenó realizar una investigación, a raíz de la jueza Pilar Rufino haber dispuesto la prisión domiciliaria para Pascual Cordero Martínez “El Chino”, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
Pilar Antonia Rufino Díaz, quien aspira a ser jueza del Tribunal Constitucional (TC), calificó la teoría del derecho penal del enemigo como demasiado invasiva, por lo que consideró que no se debe aplicar en casos dee corrupción.
La teoría del derecho penal del enemigo trata la idea de que alguien puede ser castigado utilizando como medio de justificación la pretendida peligrosidad del sancionado. Es vista como una forma de negar los derechos procesales y sustantivos de forma parcial o total que corresponden a todo ciudadano.
Para Rufino Díaz, la primera evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en las vistas públicas de este jueves, esta teoría «es una teoría que podemos decir, demasiado invasiva en cuanto se refiere a los derechos y garantías de las personas por la condición de ser persona».
«Entonces, nosotros hablamos de derecho penal del enemigo cuando el Estado aplica, gracias a Dios aquí no se aplica el derecho penal del enemigo, pero se aplica cuando una persona ha infrinjido de tal manera las normas», añadió.
Al resaltar que no respalda que dicha teoría sea aplicada en casos de corrupción o a funcionarios acusados de corrupción, señaló que en su condición de juzgadora entiende «que todas las personas y todos los procesos tienen que llevar un procrso debido, es decir, que se garanticen desde que existen esas amenazas de perseguir a una persona hasta una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que sea ejecutoria».
Las Contrariedades de las palabras y los hechos de la Jueza Pilar Rufino
En el 2016 se recuerda que el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó al Poder Judicial que destituyera e inhabilitara por cinco años a la magistrada Pilar Rufino Díaz, por supuestamente incurrir en irregularidades al variar la medida de coerción al imputado por narcotráfico Pascual Cordero Martínez (El Chino).
Mientras esto ocrruria la entonces magistrada mantenia en prisión irregular y de forma arbitraria a un interno por casi tres años, a quién esta se negaba conocerle una solicitud de cambio de medida de coerción, tendiendo que recurrir ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde fue puesto en libertad de forma inmediata, rechazando una resolución dictada por la Jueza Pilar Fufino y luego el interno fue descargado.
«Se recuerda que la entonces jueza presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional y hoy candidata a formar parte del Tribunal Constitucional fue sometida un juicio disciplinario a solicitud del Ministerio Público».
Variación de medidas cuestionadas:
El MP refirió que el 14 de septiembre del 2015, la jueza Rufino Díaz declaró a Cordero Martínez en estado de rebeldía, ordenó su arresto e impedimento de salida del país.
Agregó que posteriormente, el 28 de diciembre el Juzgado de La Instrucción de Higüey, en funciones de Oficina Judicial de Atención Permanente, dictó prisión preventiva a Cordero Martínez, como medida de coerción, y el 9 de febrero del 2016, la jueza Rufino Díaz, se la varió por una garantía económica y arresto domiciliario, supuestamente porque el imputado se encontraba enfermo, sin un certificado médico que así lo acreditara.
Indicó que el 26 de enero del 2016, la citada magistrada dictó un auto levantándole la rebeldía a Cordero Martínez, y fijó audiencia para conocer el fondo de la acusación en su contra para el 8 de febrero del mismo año.
Señala el MP, que el 21 de abril del 2016, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la resolución dictada por Rufino Díaz el 9 de febrero, y dictó contra el imputado prisión preventiva por tres meses.
Las pruebas del MP. Como pruebas de que la referida jueza violó el Código Ético del Poder Judicial: Legalidad y Prudencia, al artículo 65, numeral 1 de la Ley 327-98, sobre carrera Judicial, de fecha 11 de agosto del 1998, al artículo 228 del Código Procesal Penal, y a los artículos 43, 44, 54 y 55 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, Domínguez Brito entregó al CPJ certificaciones bancarias, de la Dirección de Antilavado de Activos, del Intendente de la Superintendencia de Bancos; de La División de Inteligencia Financiera y Monitores Oficial, y de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre los bienes muebles e inmuebles registrados nombre de Rufino Díaz.
La defensa de Surún Hernández
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, dijo en ese entonces que apoyaba la existencia de un régimen de consecuencia eficaz contra los jueces que comentan faltas graves, pero señaló que se opone a que jueces sean perseguidos, a su entender, injustamente por ejercer su labor de administrar la justicia.
Tras realizar una visita a la jueza Pilar Rufino, calificó como de solidaridad, a la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Pilar Rufino Díaz, dijo que se siente preocupado por la situación que enfrenta la magistrada, contra quien el Consejo del Poder Judicial ordenó realizar una investigación, a raíz de haber dispuesto la prisión domiciliaria para Pascual Cordero Martínez “El Chino”, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
Dijo que no se puede perseguir injustamente a magistrados que hayan evacuado sentencias sobre la base de las circunstancias y elementos probatorios, que libérrimamente las partes someten a su consideración.
“La emisión de sentencia no puede generar una persecución, pues estaríamos en presencia de un atentado a la garantía de independencia de la justicia y a la protección que, según la Constitución, gozan los jueces de la República Dominicana como debe ser en todo Estado de Derecho” acotó.
El presidente del gremio que agrupa a los profesionales del derecho dijo para ese entonces, que de continuar actuando de esa forma, se estaría creando las base para que los jueces del país tengan temor de emitir un fallo en base a las pruebas y lo emitan en función de no ser cuestionados y preservar su cargo, lo cual a su juicio evidentemente no es justicia.
Surún Hernández argumentó que no se oponia a ninguna investigación ni al castigo ejemplarizador de aquellos que cometan faltas, con la condición de que sea con irrestricto apego al debido proceso, sin afectar la honra y el buen nombre de los jueces honestos, cuyo único pecado ha sido administrar justicia, tras destacar la trayectoria profesional de la magistrada Rufino Díaz.
A pesar de los serios cuestionamientos en contra de la jueza Pilar Rufino la misma logró ser descargada por el entonces Consejo del Poder Judicial.