Hasta este viernes, 15 personas se han declarado culpables o han admitido su responsabilidad ante las acusaciones que les señala el Ministerio Público en el expediente denominado Medusa, donde el principal implicado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Antonio Santana Julián, Ricardo Antonio Carrasquero Frías, Lisandro José Macarrulla Martínez, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Jenny Marte Peña, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, Rafael Salvador Razuk Sánchez y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, han admitido sus culpas en este caso.
Uno que otro ha pedido perdón a la sociedad.
Estos acusados, exceptuando a Rodríguez Imbert, han llegado a acuerdos con el Ministerio Público por lo que el órgano acusador ha solicitado contra la mayoría una condena por juicio penal abreviado, lo que indica que no irán a un posible juicio de fondo y se le dictará condena al concluir con los procesos de este juicio preliminar.
Asimismo, Cesar Nicolás Rizik Pimentel, estableció en la audiencia que «estaba dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario con el Ministerio Público».
Hasta el momento, el órgano acusador ha solicitado tres años de pena suspendida, es decir, sin ir a una cárcel, en contra nueve de estos implicados, además que a todos los que tienen empresas se le solicita condenarlas, su decomiso y la cancelación del registro mercantil.
De igual forma, contra dos de los imputados se solicitó un año de prisión suspendida, una condena de 5 años, en estos mismos términos, contra una implicada, así también apertura a juicio de fondo contra tres implicados.
Para el cumplimiento de la pena suspendida la persona debe residir en un lugar determinado, en caso de variar domicilio debe notificarlo, asimismo, abstenerse de viajar al extranjero sin permiso de la autoridad judicial, abstenerse del porte de armas de fuego, del abuso de bebidas alcohólicas, realizar horas de trabajo comunitario y presentarse periodicamente ante el juez o una autoridad que se designe.
Cesar Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson
De acuerdo al Ministerio Público, José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, por los vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres, cuñado del exprocurador, “ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos”.
Estrada Jackson explicó que en 2016 mientras se dedicaba junto a Rizik Pimentel a suplir alimentos a hoteles, Sebelén Torres, alias Rafy, le solicita que trabaje en la distribución de alimentos de los centros penitenciario y que recibiría una participación monetaria a lo que este aceptó.
Dijo que Sebelén Torres fue la persona que ordenó la “entrega de los porcentajes que ellos habían acordado”.
Mientras que Rizik Pimentel reveló ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que “lo que nos proponen y nos ordenan es dar un porcentaje a cambio de ser beneficiadas nuestras empresas a cambio de una participación minoritaria”.
Contra ambos se solicitó la apertura a juicio de fondo.
Jonathan Joel Rodríguez Imbert
El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), Jonathan Joel Rodríguez Imbert es otra persona que ha admitido su culpabilidad y contra quien el Ministerio Público ha pedido apertura a juicio.
Explicó ante el juez que todo lo que hizo fue por instrucciones del exprocurador general de la República y Rafael Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría, quien está fuera del país y es colaborador del Ministerio Público en este caso, además que fue la mano derecha de Jean Alain Rodríguez.
Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz
Contra estas dos personas se solicitó 3 años de prisión suspendida. El Ministerio Público dice en la acusación que “además de ser presta nombres en la razón social Divamor Group S.R.L., realizaron depósitos y transferencias a título personal a las empresas del entramado societario de los acusados José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel”.
Carlos Augusto Guzmán Oliver
Contra esta persona también el órgano acusador solicitó 3 años de prisión suspendida. Estos, de acuerdo al Ministerio Público, falsificaron firmas para hacerse pasar por propietarios de empresas, que manejaba el cuñado de Jean Alain, además que sirvieron de prestanombres.
Lisandro José Macarrulla Martínez
Contra el hijo del exministro de la Presidencia, el Ministerio Público solicitó 3 años de prisión suspendida y ordenar el decomiso de 77 millones 39 mil 816 pesos dominicanos, monto retenido por la Procuraduría. Además de 57 millones 389 mil 557 pesos y un inmueble en la Torre Naco por un valor de 20 millones 243 mil pesos dominicanos.
Macarrulla Martínez, es señalado como una de las personas que pagó sobornos por recibir licitaciones para la construcción de la cárcel Las Parras.
De la Cruz y Razuk Sánchez
Contra Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz y Rafael Salvador Razuk Sánchez también se solicitó la pena de 3 años de prisión suspendida. El Ministerio Público los acusa de testaferros de empresas suplidoras de alimentos
Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio
Contra ambas se solicitó también 3 años de prisión suspendida. Ambas de acuerdo al Ministerio Público estafaron al Estado dominicano, se apropiaron indebidamente y malversaron los recursos económicos generados de los servicios públicos brindados por la Procuraduría General de la República, que estaban destinados a cubrir la alimentación de una población vulnerable, como lo son los privados de libertad.
Jenny Marte
Entre lágrimas, Jenny Marte Peña dijo que estaba arrepentida y había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público porque quiere rehacer su vida.
El órgano acusador pidió contra ella 5 años de reclusión y que se le cuente el tiempo que estuvo en prisión domiciliaria como medida de coerción y el tiempo restante lo cumpla en libertad condicional. Asimismo, se le condene al pago de 300 salarios mínimo del sector público.
Ricardo Antonio Carrasquero Frías y José Antonio Santana Julián
Luego de admitir su culpa el Ministerio Público pidió sean condenados a un año de reclusión suspendida.
