Más de 15 millones de chilenos votaron este domingo para ratificar o no una nueva propuesta constitucional para reemplazar la Carta Magna vigente desde la dictadura y después de rechazar en 2022 una primera iniciativa radicalmente opuesta y de tinte progresista. Con poco más del 96 por ciento de los votos contados, el «en contra» se imponía por un 55,6% a un 44,3%.
Javier Macaya, líder de la Unión Democrática Independiente, fue el primer representante de la derecha en reconocer que Chile no tendrá nueva constitución y pidió al gobierno “que sea coherente” y que no vuelva a levantar el tema constitucional.
“Hay una tendencia clara respecto a la opción en contra y obviamente desde la UDI, como lo hemos hecho siempre, desde una perspectiva de coherencia y respeto a la democracia, reconocemos este resultado”, se pronunció el dirigente político.
La vocera de la posición “En contra”, Carolina Leitao, también se pronunció antes de que concluyera en escrutinio y afirmó que el resultado es un gran remezón para la política. “Queremos más acuerdos y menos disputas” señaló sobre el pronunciamiento a través de las urnas de la ciudadanía.
Aseguró que los chilenos quieren que todos los políticos se unan y trabajen por una agenda que ponga la prioridad en los temas que preocupan a la ciudadanía, en tener un país más solidario y seguro.
El nuevo texto, redactado por una mayoría de constituyentes de la derecha y ultraderecha, es más conservador que el que pretende sustituir tanto en lo moral como en lo económico, ya que profundizaría en los principios del libre mercado, reduciría la intervención del Estado y podría limitar algunos derechos, como los reproductivos.
La votación se produjo en medio de un hastío generalizado de la ciudadanía y un año después de que los chilenos rechazaran con un 62% de los votos otro proyecto, entonces redactado por una constituyente con mayoría de izquierdas, que muchos calificaron como una de las iniciativas constitucionales más progresistas del mundo.
Un votante en la ciudad de Concepción, Chile. Foto Reuters
Por este motivo no dejaba de ser paradójico que fuera la izquierda y el oficialismo la que promoviera mantener vigente la Constitución legada por Augusto Pinochet (1973-1990), que ha sido reformada hasta en 70 ocasiones.
“Prefiero algo malo a algo pésimo”, dijo después de votar a primera hora la expresidenta Michelle Bachelet que hizo campaña por el «En Contra» y la defensa de los derechos de las mujeres.
En cambio, el también exmandatario Sebastián Piñera, el conservador en cuyo gobierno tuvo lugar el estallido social de 2019 que provocó el inicio del proceso constitucional, pedía cerrar cuatro años de “sacrificios” e “incertidumbres” para tener “una constitución aprobada en plena democracia, que nos dé la estabilidad, la unidad, la proyección que Chile necesita”.
Este parece ser el fin de del proceso que comenzó cuando hace cuatro años miles de chilenos tomaron las calles para demandar mejores pensiones, salud, y educación y acabar con las desigualdades, unas protestas sin precedentes en la historia de este país sudamericano considerado una de las democracias más estables de la región.
La nueva propuesta constitucional planteaba que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones públicas y privadas. Sus detractores afirman que, aunque haya libertad de elección en salud, educación o pensiones, sólo podrán escoger quienes tengan poder adquisitivo.
Los colectivos feministas temen que el cambio de redacción de la nueva propuesta para proteger la vida «de quien» está por nacer podría allanar el camino para derogar el aborto en las tres causales aprobadas en 2017 (violación, riesgo de la vida de la madre o inviabilidad del feto). Además, denuncian retrocesos en materias de servicios sociales o participación política.
Hastío en la población
La iniciativa también contenía elementos polémicos en temas como la inmigración al consagrar la expulsión de inmigrantes irregulares “lo antes posible”, la objeción de conciencia de instituciones, el derecho de huelga o la exención tributaria del pago de contribuciones de la primera vivienda. Asimismo, el que puedan ser beneficiados con prisión domiciliaria por edad o enfermedad condenados por graves violaciones de derechos humanos.
Después de diez procesos electorales en menos de dos años y medio todos los sectores sociales mostraban su hartazgo por tanto voto.
“Estoy cansado, me da pena mi país”, afirmó Fernando Escudero, un jubilado de 77 años que también rechazó la nueva propuesta. “Leí el texto completo, es muy malo, aunque el texto anterior también era muy malo pero tenía cosas rescatables”.
Entre otras cosas lamentó que la pérdida de derechos de la mujer o que se declare el agua «un bien de consumo, para mi el agua es un derecho humano».
Johanna Anríquez, una funcionaria de 38, también votó en contra de la propuesta por considerarla “muy extremista”.
“Todo el proceso en sí ha sido una pérdida de recursos para el Estado… una burla. Quedémosnos con lo que está y por favor, dedíquense a trabajar en la seguridad”, pidió a los políticos.
Peticiones parecidas hacía Raúl Espinoza, un profesor de historia y empresario de 63 años.
Espinoza dijo apoyar el nuevo texto aunque dijo que la necesidad de cambiar la Constitución la “inventaron” los gobernantes. “El pueblo pidió mejores pensiones, una educación mejor para los niños. Eso lo piden los políticos».
María Caballer, una empleada doméstica peruana de 72 años que lleva 27 en Chile, dijo estar todavía indecisa aunque ya se encontraba en la fila para votar en un colegio electoral de la capital del país.
“No sabe uno por cuál lado votar para aquí, para allá, cada cual hablando una cosa, después no cumplen lo que prometen”, afirmó. “Creo que pase lo que pase el país va a seguir igual”.
Se imponga el resultado que se imponga el oficialismo no tendrá mucho que celebrar y si gana el rechazo el presidente Gabriel Boric, y también varios partidos políticos han asegurado que no impulsarán un tercer intento constitucional.
La actualidad noticiosa en una semana poco afortunada para el gobierno podría también impactar los resultados.
El miércoles se conocía la detención y encarcelamiento de los dos protagonistas acusados de un caso de corrupción que involucra a un partido de la coalición oficialista. Al día siguiente era detenida por secuestro una persona que previamente había sido indultada por el presidente.
Y el sábado una balacera en un centro comercial de un barrio de clase media de la capital que no registró víctimas fue el ejemplo más reciente de uno de los temas que más preocupan a los chilenos, la seguridad.
Fuente AP y EFE
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